Ayer el Senado provincial aprobó la megaminería de cobre. Dentro del recinto hubo votos y discursos; en las calles, miles gritaron “el agua no se negocia”. Dos realidades dentro y fuera. Dos percepciones de la realidad. Dos proyectos para Mendoza.
Qué pasó en la Legislatura
Ayer, con una Legislatura mas parecida a una comisaría, el Senado de Mendoza dio sanción definitiva a la Proyecto San Jorge (PSJ Cobre Mendocino), al aprobar su Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Con 29 votos a favor, 6 en contra y una abstención. De esta manera se habilita la explotación de cobre en el Valle de Uspallata. Este paso cierra un proceso que comenzó con la media sanción en la Cámara de Diputados de Mendoza, lograda el 26 de noviembre con 31 votos positivos contra 13 negativos.
La sesión fue menos un debate abierto que un trámite al compás de acuerdos políticos y empresariales. Legisladores del oficialismo (radicalismo, PRO, partidos aliados) y varios del bloque peronista dieron apoyo, lo que desencadenó una serie de críticas y “escraches” entre la militancia.
Para el oficialismo la aprobación representa una “oportunidad histórica”. El gobernador Alfredo Cornejo habló de un paso hacia la “transición energética” para Mendoza, con inversión y desarrollo productivo. El proyecto propone la explotación de una mina de cobre de mediana escala, con extracción a cielo abierto. Según sus impulsores, traería inversiones millonarias y un horizonte de “reindustrialización”.
Pero esos puntos despiertan profundo rechazo: comunidades originarias, científicos, asambleas socioambientales, mendocinos y mendocinas de toda la cueca del río Mendoza, y otras latitudes provinciales advierten sobre los riesgos ambientales, sobre todo para el agua, recurso vital en la provincia. Los estudios arrojan que no hay garantía de la no contaminación del agua con sustancias tóxicas. El gobierno insiste con sus 2 caballitos de batalla: el uso del arroyo El Tigre, supuestamente confinado, y la generación de trabajo. Dos falacias que fueron desarmadas largamente en los estudios realizados por la comunidad científica.
Según la industria minera, representada por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), la aprobación marca el inicio de una nueva etapa productiva: minería responsable, desarrollo económico local, creación de empleo y aporte al “progreso”.
Pero para muchos ciudadanos y organizaciones ambientales, el trámite legislativo “que duró menos que el colectivo que une Lavalle con Mendoza” según dichos del senador justicialista Gerardo Vaquer (uno de los 6 que votaron en contra de la DIA) durante la sesión, con mayoría garantizada por el oficialismo y sin diálogo serio, evidencia que el lobby minero sigue manejando la agenda: desde arriba se decide un futuro que ya muchos saben contaminado.
La calle se hizo oír: caravanas, voces y banderas
La aprobación del Senado no se dio en un vacío. Desde temprano, miles de mendocinos y mendocinas salieron a las calles, en caravanas, cabalgatas, caminatas, vehículos, desde distintos rincones de la provincia, para oponerse al proyecto.
Una columna comenzó, el lunes, a caminar desde Uspallata, epicentro del territorio amenazado, con la intención de llegar hasta la capital provincial para la votación. Fue bautizada como “nueva gesta por el agua”. Otra similar salió desde San Carlos, los “parientes” pasaron a buscar a otros y otras del Valle de Uco.
La protesta, lejos de ser minoritaria, mostró una convergencia enorme: vecinos y vecinas de todos los puntos cardinales, comunidades originarias, jóvenes, familias, todos bajo la consigna: “el agua de Mendoza no se negocia”.
En la puerta de la Legislatura, un vallado policial que la blindaba, como el blindaje de los medios comerciales al gobernador Cornejo, marcaba la tensión. Detrás, la gente gritaba, cantaba, levantaba carteles y banderas: rechazo a la megaminería, defensa del agua, protección del territorio, dignidad frente al extractivismo.
Los medios comunitarios y populares nucleados en el Comecuco cubrimos la movilización con intensidad: la jornada fue seguida como un hito social, no solo como una protesta más. Se registraron imágenes de multitudes, de rostros diversos, de banderas multicolores ondeando al viento.
Para muchos, la marcha desde el nudo vial, donde confluyeron todas las columnas y caravanas, y posterior concentración en la Plaza Independencia no fue una respuesta a una votación: fue un grito colectivo de identidad. Una relectura de Mendoza desde su montaña, sus ríos, su gente. Una afirmación de que no basta con leyes aprobadas si falta “licencia social”.
Una de las asambleístas describió el contraste: adentro, un recinto ordenado, discursos de “seguridad jurídica” y “señales al mercado”; afuera, una marea humana que cree que la dignidad del agua no se compra ni se vende.
¿Qué está en juego?
El debate sobre el Proyecto San Jorge condensó viejos fantasmas y mucho por venir. Por un lado, promesas de inversión, empleo, desarrollo de la minería como aportante a la transición energética y la diversificación de la matriz productiva. Por otro, temor a la contaminación, al uso indiscriminado del agua, al daño ambiental irreversible, y a la marginalización de comunidades históricas que viven del territorio.
Los defensores del proyecto aseguran que se ajustó a las exigencias de la Ley 7722, que la minería puede ser responsable, que los controles ambientales y normativos estarán presentes, y que la extracción de cobre es esencial para el futuro productivo. Pero los críticos (asambleas, vecinos autoconvocados, comunidades, especialistas) sostienen que esas promesas no superan la realidad de décadas de saqueo ambiental, de promesas incumplidas, de contaminación, y de un histórico desequilibrio entre beneficio privado y costo social, demostrado en otros ejemplos como San Juan o Catamarca.
La aprobación legislativa marca un quiebre simbólico: por primera vez, desde la sanción de la 7722, un proyecto de minería metalífera obtiene aval formal. Pero la calle mostró otra legitimidad: esa que no firma planillas, sino que grita, marcha, persiste, resiste.
Las resonancias de una jornada histórica
Ayer no solo se aprobó una ley. Se activó una promesa de conflicto. El Estado, con sus votos y órganos, definió un rumbo. La gente, con sus pies y su grito, levantó un faro: el agua como bien común, como límite, como línea roja.
El recorrido no termina aquí. Entre los legislativos, los laboratorios de empresas y los discursos de gobernabilidad, habrá días de planes, permisos, reglamentaciones. Pero también habrá caminos, asambleas, marchas, resistencia territorial.
Porque para quienes salieron a la calle ayer, la minería no es solo un asunto técnico: es una cuestión de identidad, de dignidad, de un futuro que quieren cuidar con agua, no con promesas huecas.