Se han presentado dos amparos colectivos que objetan y solicitan la protección de derechos fundamentales de mendocinos y mendocinas contra la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto San Jorge Cobre Mendocino. El abogado Cristian Fernández, quien presentó uno de los amparos a través de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales brinda detalles al respecto.
El abogado Cristian Fernández amplió los argumentos del amparo judicial presentado contra el proyecto minero San Jorge y aseguró que la acción se sostiene en múltiples fundamentos legales, ambientales y sociales. Si bien reconoció que existen diversos ejes en discusión, afirmó que el núcleo del reclamo está puesto en las fallas del estudio y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
“Hay muchos argumentos que aparecen en este amparo. Obviamente la cuestión de los valores culturales es central y también están en juego los derechos de comunidades indígenas como la comunidad Huarpe, que consideran que no se ha satisfecho el requisito de la consulta libre, previa e informada”, explicó el letrado.
Sin embargo, Fernández fue categórico al señalar cuál es el eje principal de la presentación judicial: “el nudo central, el corazón, tiene que ver con las deficiencias de este estudio de impacto ambiental y la posterior declaración de impacto ambiental que aprueba el proyecto San Jorge”, sostuvo.
En ese sentido, recordó que se trata de una iniciativa que arrastra un fuerte rechazo social desde hace años: “fue un proyecto que durante muchísimo tiempo no se pudo avanzar justamente por carecer de licencia social”, indicó, y agregó que las recientes manifestaciones refuerzan ese diagnóstico: “Lo que hemos visto en las últimas semanas con las movilizaciones increíbles que sucedieron por las rutas mendocinas es que este proyecto sigue careciendo de licencia social”.
Además de la cuestión social, el abogado subrayó que estas observaciones no son opiniones aisladas. “Esto es exactamente lo mismo que señalan los dictámenes técnicos”, afirmó, en referencia a los informes elaborados por la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo, la Dirección General de Irrigación y el IADIZA. “Lo que vemos es que las autoridades hicieron caso omiso, cerraron sus ojos frente a estos dictámenes”, denunció.
Fernández explicó que esa omisión reviste una gravedad jurídica particular. “Los dictámenes oficiales, según el artículo 33 de la Ley del Ambiente, tienen el valor probatorio de una pericia”, señaló. Y agregó: “Una pericia es de las pruebas más importantes que puede haber en un juicio, porque son expertos los que explican cómo deben interpretarse estos temas”.
Pese a ello, sostuvo que los informes técnicos “no han sido considerados ni ponderados” y que las autoridades “han hecho como si no existieran”. “A pesar de esos dictámenes decidieron aprobar el proyecto”, cuestionó.
Finalmente, Fernández destacó que el amparo no se apoya únicamente en el reclamo de organizaciones sociales. “No es que lo decimos un grupo de vecinos, vecinas u organizaciones de Mendoza o de Buenos Aires, sino que lo dicen los dictámenes técnicos que forman parte del mismo expediente del procedimiento de evaluación de impacto ambiental”, concluyó.
Escuchá la entrevista completa con Cristina Fernández de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales
Al momento de realizar esta entrevista se presentó un segundo amparo judicial en el mismo sentido aquí dejamos su gacetilla.
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