Un acuerdo entre ENACOM y la empresa de Elon Musk, publicado en el Boletín Oficial, fue cuestionado por el investigador del CONICET Martín Becerra, quien advirtió sobre un “negociado” con fondos públicos y el traslado de costos a las provincias.
El Gobierno nacional adjudicó sin licitación a la empresa Starlink, de Elon Musk, la provisión de conectividad satelital para 6.000 escuelas rurales de todo el país. El contrato, firmado por ENACOM y publicado en el Boletín Oficial, fue fuertemente cuestionado por Martín Becerra, investigador principal del CONICET y docente en universidades nacionales, especialista en medios de comunicación e industrias culturales, quien en una entrevista radial sostuvo que se trata de un “contrato a dedo“.
“Se trata de un contrato que firmó ENACOM, que es la autoridad nacional de regulación y aplicación de la política de comunicaciones del gobierno nacional, con la empresa Starlink de Elon Musk“, nos cuenta Martín, y explica que mediante esa adjudicación directa “le adjudican a la empresa de Starlink la conectividad satelital de 6.000 escuelas que no están identificadas aún, no sabemos cuáles son en todo el territorio, rurales”.
“Se puso el carro delante del caballo”
El especialista reconoció el mérito del objetivo: “Siempre conectar escuelas es virtuoso, pero acá se puso el carro delante del quicio”, afirmó. Según su diagnóstico, para determinar qué escuelas carecen de conectividad o tienen un servicio deficiente —y distinguirlas de aquellas que ya cuentan con acceso vía ARSAT, cooperativas o empresas privadas— ENACOM debió consultar a las jurisdicciones provinciales, dado que los establecimientos dependen de cada provincia. “No lo hizo”, subrayó.
La velocidad del trámite también fue objeto de críticas. Martín recordó que Starlink presentó su propuesta el 15 de julio y que apenas ocho días después el organismo dio el visto bueno: “En un trámite súper exprés que no se condice con los tiempos típicos de la administración estatal, ENACOM le dijo sí, vamos a hacerlo, sin corregir una coma y aceptando los precios, el precio por conexión de cada establecimiento escolar que dispuso el oferente“.
Para el investigador, además, el valor acordado resulta inexplicable: “Es un precio que es más caro del que cualquiera de nosotros si quisiera contratar el servicio de Starlink hoy pagaría, lo cual es un contrasentido, porque acá estamos hablando de un paquete mayorista, o sea, le están dando 6.000 establecimientos como clientes“.
Fondos públicos y costos a las provincias
El contrato se financia con el Fondo de Servicio Universal, que administra ENACOM. “Es un fondo que administra ENACOM, pero que es público, o sea, lo administra el Estado“, precisó Martín. Y, además, advirtió sobre una cláusula de impacto fiscal directo en el futuro para las provincias: “Vencido el tercer año de este contrato firmado entre ENACOM y Starlink, ese costo lo asumen las provincias, o sea, se traslada un costo fiscal a las provincias que en general tienen grandes problemas hoy para sostener el sistema educativo“.
El académico contextualizó la gravedad de esa transferencia en un escenario educativo ya deteriorado: “Hay huelgas docentes en numerosas provincias, hay falta de infraestructura escolar o de mantenimiento de los edificios en la mayoría de las provincias“.
En definitiva, su conclusión fue contundente: “Es un negociado, a mi juicio, impropio de la defensa del interés público, de los objetivos de conectividad de escuela. Por eso me parece importante que se conozca, para que haya un debate público sobre las consecuencias de esta política“.
Soberanía digital en juego
Becerra sumó una preocupación adicional: la entrega de datos escolares a una corporación extranjera. “Es otro problema añadido que en otros países del mundo sería también observado desde el punto de vista de la soberanía digital“, señaló, refiriéndose a “la concesión de datos a una corporación extranjera“.
Martín Becerra se lamentó que, en la Argentina, “casi todo el arco político está bastante insensible o muy distraído respecto de esas cuestiones“.
Los entrevistadores destacaron además el caso mendocino: el gobernador Cornejo ya había celebrado la entrega de 700 conexiones con antenas satelitales de la misma empresa a escuelas, mientras que la provincia solicitó 750 más al Gobierno Nacional, lo que anticipa el impacto del traslado de costos una vez vencido el plazo del contrato nacional.
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