La Legislatura mendocina decidió no avanzar con la derogación de los artículos más importantes de la Ley 6920, que reconoce la posesión ancestral del pueblo Huarpe Millcayac sobre una vasta porción del secano lavallino. La decisión fue el resultado de una jornada cargada de testimonios, reclamos y firmeza por parte de las comunidades huarpes y sus referentes.
Durante el tratamiento del proyecto en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la cámara alta, enviado por el Ejecutivo, que pretendía limitar el alcance de la ley vigente, referentes de distintas comunidades tomaron la palabra para expresar su rechazo. “Nos quieren derogar la herramienta que nos ha costado tanto tener”, lamentó Cristian Ocaña, presidente de la comunidad de El Retiro, quien advirtió que sin la ley “vamos a retroceder 20 o 25 años”.
La Ley 6920, sancionada en 2001 por unanimidad y declarada constitucional por la Corte mendocina, permite avanzar en la regularización dominial de los territorios ocupados ancestralmente. Aunque su implementación ha sido parcial, para muchas comunidades representa la única defensa ante desalojos y apropiaciones indebidas. Carlos Sosa, de El Cavadito, recordó que la norma “me defendió de dos órdenes de desalojo que he tenido en mi comunidad”. Sin ella, aseguró, “sería un daño total”.
Las intervenciones más sentidas apelaron a la historia, al derecho a vivir en libertad y al valor simbólico del territorio. “Nuestros ancestros lucharon, derramaron sangre defendiendo ese lugar, que es lo poquito que nos dejaron”, expresó Nancy González, presidenta de la comunidad de San José. Y agregó con claridad: “Parece que la conquista no termina”.
González cuestionó también las razones que esgrime el gobierno para modificar la ley. “Nos quieren quitar ese 5% de territorio que tanto remarca el gobernador. Hay superposición de títulos, y eso no es culpa nuestra, es culpa del Estado”, señaló. También defendió el modo de vida ancestral: “No sabemos de límites, de alambrados, de tranqueras. Vivimos libres, así nos han criado y así queremos seguir viviendo”.
Para Aníbal Mattuz, presidente de la comunidad de El Forzudo, el intento de modificación de la ley fue “un atropello del gobernador hacia nosotros”, y reafirmó que seguirán en lucha “porque entendemos que las tierras nos pertenecen, como así la ley lo dijo en su momento. Solo que no se cumplió”.
Desde San Miguel, Ramón Tello fue más duro: “La ley 6920 es un derecho adquirido del pueblo huarpe. Lo que pretenden hacer es la nueva conquista del desierto en Mendoza”. Y lanzó una advertencia a quienes consideren votar la derogación: “Van a ser la parte negra de la historia del pueblo huarpe”.
Uno de los discursos más extensos y fundamentados fue el de Diego Barros, presidente de la comunidad de La Asunción y representante ante el Consejo de Participación Indígena. “La ley 6920 fue aprobada por unanimidad y declarada constitucional por la Corte. No se nos está dando nada, se nos está devolviendo un pedacito de todo lo que habitó nuestro pueblo”, dijo. Para él, discutir nuevamente este derecho es “como retroceder al año 1500. El Estado mendocino nos quiere otra vez engrilletar”.
Barros también cuestionó los argumentos administrativos del gobierno. “Dicen que no está el plano, pero el plano está. Dicen que es mucha plata, pero la plata está depositada en el expediente. Dicen que no se puede llegar, pero hay escuelas, centros de salud, y viven miles de personas”, enumeró. “Este proyecto es racista. Es un intento más de terminar con el pueblo huarpe. Y como en otras épocas, lo quieren hacer con excusas legales y administrativas”.
El respaldo político desde Lavalle
El intendente de Lavalle, Edgardo González, también participó del debate y respaldó el reclamo de las comunidades. “La Ley 6920 resguarda, ampara y les da la posibilidad de seguir soñando en el lugar”, afirmó. “Es una historia muy larga, de generaciones que lucharon para que se sancione”.
González planteó la distancia entre quienes legislan desde la ciudad y la realidad que se vive en el secano. “Una cosa es opinar desde afuera, y otra muy distinta es conocer la realidad del campo, donde faltan caminos, agua, pastura y se pierden animales por la sequía. No es para cualquiera vivir ahí”. Para él, lo que sostiene a las familias en ese territorio hostil “es el sueño de que algún día esas tierras serán propias”.
Recordó además que durante su paso por la Legislatura como diputado votó a favor del reconocimiento del pueblo Mapuche, “porque las comunidades me pidieron que lo hiciera. Porque si no, venían por ellos. Y no estaban equivocados”. También alertó sobre situaciones actuales: “Hay lugares como La Josefa donde ya han alambrado campos y no dejan pasar a los verdaderos dueños del secano”.
Para González, la ley es “intocable” y cumple el rol de paraguas protector para las comunidades. “No es momento de tocarla. Sería quitarles los sueños”.
El oficialismo retrocede
Frente a la contundencia de los testimonios, y tras la intervención del abogado de las comunidades Fidel Bustelo y de algunos legisladores que históricamente acompañan la lucha del pueblo huarpe, el ministro de Gobierno Natalio Mema anunció que el Ejecutivo no avanzará con el proyecto de derogación.
“Nosotros no venimos a negar derechos. Queremos encontrar una solución”, declaró. Aseguró que el gobierno reconoce “la preexistencia étnica y la posesión ancestral del pueblo huarpe”, y que la Ley 6920 “fue un gran avance para las comunidades”. Pero sostuvo que “el proceso elegido no fue exitoso” y propuso buscar “un camino más corto y efectivo para formalizar la propiedad comunitaria”.
El ministro planteó la necesidad de cambiar el enfoque: “La posesión ya está reconocida. Lo que falta es formalizarla. Y si hay personas que hoy se benefician económicamente con esta ley sin tener derechos reales, tenemos que revertir esa carga de la prueba: que ellos demuestren que son los dueños”.
Finalmente, Mema llamó a abrir una nueva etapa. “Propongo fijar un cronograma y seguir conversando. Este es un buen punto de partida. Agradezco que hayan venido y espero que podamos avanzar juntos.”
Luego de la reunión legislativa los referentes huarpes, su representante legal, el intendente, el diputado José Luis Ramón (presidente de la Comisión de Derechos y Garantías), el senador Gerardo Vaquer y algunos concejales lavallinos se reunieron con Mema para confirmar que el Ejecutivo frena el tratamiento y muestra voluntad de seguir conversando para llegar a acuerdos que respete el derecho ancestral del pueblo Huarpe.