Docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo advirtieron sobre el deterioro salarial, la falta de presupuesto y el desfinanciamiento que atraviesan las universidades públicas argentinas. Señalan que, pese a leyes y fallos judiciales favorables, el Gobierno nacional no ejecuta los fondos reclamados.
La politóloga e investigadora Lucrecia D’Agostino describió la situación con crudeza: “no nos podaron con la motosierra, pero dejaron de irrigarnos”. La docente sostuvo que desde diciembre de 2023 los salarios sufrieron una fuerte pérdida de poder adquisitivo tras la devaluación inicial y que nunca se recuperaron plenamente.
Según explicó, tanto docentes como personal de apoyo académico arrastran una caída acumulada equivalente a más de siete salarios. Además, cuestionó que ya no existan paritarias reales y que los aumentos sean definidos de manera unilateral por el Poder Ejecutivo. D’Agostino también alertó sobre el impacto en el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio: becas congeladas, fondos de investigación recortados, dificultades para mantenimiento edilicio y servicios esenciales. “No estamos pidiendo financiamiento extraordinario, sino que se actualice según la evolución de la economía”, remarcó.
Renuncias, salarios de pobreza y estudiantes afectados
La investigadora indicó que existen docentes que perciben entre 200 mil y 250 mil pesos por cargos de diez horas semanales, tareas que incluyen clases, preparación, formación, corrección e investigación. “Se producen incluso renuncias en la universidad. Es una pérdida enorme porque se va gente muy formada”, señaló.
La crisis también golpea al estudiantado. Costos de transporte, fotocopias, comida y permanencia en la universidad dificultan la continuidad académica. Aunque existe apoyo a las medidas gremiales, también aparece la preocupación por la pérdida de clases.
Movilización y desgaste
En los últimos meses hubo paros, clases públicas y jornadas de visibilización como la consigna “las universidades no se apagan”. Sin embargo, D’Agostino reconoció el cansancio acumulado: “hace más de dos años que venimos peleándola y ya salió una ley, ya hubo fallos, y no tuvieron efecto”.
Finalmente, la politóloga defendió el papel histórico de la educación superior pública como espacio de integración social.
“Cualquier persona, de cualquier sector social o rincón de Mendoza, puede acceder. La universidad sigue siendo una institución abierta e integradora”, afirmó, y consideró que los ataques actuales “no son casuales”.
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