Tras la derogación del DNU 461, Vialidad Nacional enfrenta falta de fondos, obras paralizadas y rutas deterioradas; trabajadores impulsan ley de emergencia vial para garantizar seguridad.
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) fue protagonista de una intensa disputa política y social en Argentina. El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 461/2025 anunciaba su disolución, proponiendo que sus funciones fueran asumidas por el Ministerio de Economía y la Gendarmería Nacional. Esta medida generó un rechazo inmediato por parte de trabajadores, sindicatos y sectores políticos, que consideraron que atentaba contra la soberanía vial del país.
Gonzalo Jara, jefe de Inspecciones de Obra en Vialidad Nacional Seccional Mendoza, explicó: “El gobierno nacional quiso cerrarla mediante el DNU 461, pero gracias a la movilización de los trabajadores, sindicatos y apoyo de diputados y senadores, se logró derogar el decreto”.
Desafíos actuales
Pese a la derogación, la DNV enfrenta serias dificultades operativas. Jara señaló: “Aunque se evitó el cierre, la principal dificultad es obtener financiamiento suficiente para mantener y mejorar la red vial y completar obras estratégicas, como la conexión Mendoza–San Juan”.
En cuanto a la situación de las obras, indicó: “Algunas obras avanzadas, como la Variante Palmira, continúan, pero otras están paralizadas, principalmente por falta de fondos y cuestiones administrativas. Además, aproximadamente el 30% de la red vial está en mal estado y requiere reconstrucción si no se realiza un mantenimiento constante”.
Sobre el costo de mantener la infraestructura, Jara advirtió: “El deterioro se acumula: si no se invierte un ‘peso’ en mantenimiento anual, más tarde se necesitarán muchos más recursos, a veces decenas de veces más, para reconstruir lo que se dejó de cuidar”.
Financiamiento y actores involucrados
Vialidad Nacional debería financiarse con un impuesto sobre los combustibles (35% del valor), destinado a mantenimiento y obras. Actualmente, hay un fuerte desfinanciamiento y los fondos billonarios no se están apĺicando a las obras necesarias.
Jara también resaltó la complejidad del trabajo diario: “gobiernos locales, empresas contratistas y trabajadores interactúan en un contexto complejo. Las empresas están comprometidas a continuar las obras, pero la falta de fondos y claridad administrativa limita la inversión y ejecución”.
Acciones de los trabajadores
Ante la situación, los trabajadores realizan tareas de mantenimiento improvisadas y promueven un proyecto de ley para declarar la emergencia de la red vial nacional. “La prioridad es mantener la red vial en condiciones para la seguridad de los usuarios y la conectividad de las regiones, cumpliendo con el objetivo fundacional de unir pueblos y favorecer el comercio y la vida social”, afirmó Jara.
La lucha por la defensa de Vialidad Nacional no es solo laboral, sino también una reivindicación de soberanía y desarrollo territorial. La movilización de los trabajadores y el apoyo de sectores políticos y sociales fueron fundamentales para evitar el cierre del organismo, pero la necesidad de financiamiento y planificación estratégica sigue siendo un desafío clave para garantizar una infraestructura vial segura y eficiente.
Compartimos la entrevista completa, donde Gonzalo Jara explica al detalle la situación: