Ante el DNU 70/2023 que fué presentado por el actual presidente, la fundación respondió con un amparo ambiental (expediente 000323/2024), presentado en el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Mendoza, con solicitud de una medida cautelar para frenar la derogación de esta norma. Estas modificaciones a las leyes que pretende imponer el gobierno de turno, no sólo son inconstitucionales, sino que afectan a la sociedad en su conjunto, abriendo la posibilidad de vender cualquier parte de nuestro territorio nacional sin considerar el ambiente, los acuíferos, ni las zonas fronterizas como estratégicas para nuestra soberanía nacional. Brenda Junín, presidenta de la Fundación Pedemonte, nos cuenta que están a la espera de cómo proseguir con la Justicia.