Familias originarias del Lof Epu Leufu, del departamento mendocino denominado por la palabra mapuche “Malargue”, están sufriendo presiones para ser desalojadas, desconociendo los derechos indígenas y faltando a la aplicación de la ley 26.160.
Dialogamos una vez más con Gabriel Jofré, werkén de la comunidad Malalweche: “…el año pasado cuando fuimos a la legislatura con un grupo de 10 mujeres… ellas decían “¿se piensan que es fácil decir que somos indígenas y que somos mapuches, después de haber vivenciado la historia de nuestros abuelos y abuelas que nos contaban lo violento que fue?” Porque en estos territorios nosotros convivimos 300 años con la colonia, establecimos cientos de acuerdos y de parlamentos, y de formas de organización…”
Luego puso en descubierto el verdadero pensamiento, aunque equivocado, de mucha gente: “…que ahora vengan algunos que dicen “son avivados que quieren reclamara cosas que no son de ellos”, ese es el relato, cuando acá estaba mi abuela y mi abuelo, que son la memoria directa, pero cuando uno busca en los relatos, encuentra más gente…”
No podía dejar de mencionar la ley 26.160: “… estamos haciendo un recordatorio permanente: es una ley vigente, que establece la obligación del Estado nacional y al provincial…, de ejecutar el relevamiento territorial, que significa demarcar el territorio para garantizar la posesión y proceder a lo que dice la Constitución que es reconocer la propiedad comunitaria de esas tierras a quienes la ocupan de forma tradicional, y en ese proceso, frenar todo tipo de acción que tienda al desalojo…”
Recordamos que el Estado no solo está representado por poder ejecutivo, el gobernador, sino también por el poder judicial que tampoco está accediendo a los reclamos.
Compartimos a continuación el audio de la nota: