Abordamos sobre discapacidad y sus derechos; la importancia del apoyo escolar, las barreras dentro de las instituciones, el rol de docente y el retroceso en garantías que implicaría la pretendida desregularización del nomenclador nacional.
La profesora Luz Medina, es docente de apoyo escolar, comenzó con apoyo escolar en nivel inicial en Colonia Segovia en el año 2020, con un sueldo muy bajo, y que en la actualidad continúa siendo un rol poco reconocido. Desde su experiencia abordó sobre discapacidad y sus derechos, la importancia del apoyo escolar para la inclusión de las personas con discapacidad; las barreras dentro de las instituciones, el rol de docente de grado y apoyo escolar y el retroceso en garantías que implicaría la pretendida desregularización del nomenclador nacional con respecto a las prestaciones que tienen las personas con discapacidad.
En nuestro país está vigente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006, adherida Argentina por la ley 26378 establece que los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica y reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.
Estos preceptos aplicados al ámbito escolar presenta aún numerosas barreras que obstaculizan el derecho a acceder a una educación y prestación de calidad para las personas con discapacidad. Y en la actualidad se le suma un nuevo obstáculo que se expresa en la propuesta de desregularización de un nomeclador lo cual pone en riesgo el acceso a prestaciones brindadas por acompañantes terapéuticos, docentes de apoyo, profesionales de kinesiología, de educación temprana, de psicología, entre otros.
“Para poder acceder a todas estas prestaciones del nomenclador que tienen las personas con discapacidad tienen que tener previamente un CUD – Certificado Único de Discapacidad. Como nosotros somos externos a la DGE – Dirección General de Escuelas – trabajamos para las obras sociales. Hoy con el nomenclador la prestación del servicio tiene los mismos aranceles para todas las obras sociales y que es lo que ahora se está poniendo en juego con la desreguralización del nomenclador”, expresó Luz y afirmó en relación a una posible desregularización del mismo: “Se va a crear una brecha grande de desigualdad que tienen las personas con discapacidad. No van a poder acceder de la misma manera que los demás a la educación”.
Una tarea fundamental que requiere recursos que muchas veces el Estado no destina y que se sostiene por el compromiso y la dedicación puesta por las y los docentes de apoyo. “Nos encontramos con muchas barreras cuando hay muchas escuelas que no están adaptadas, porque si hay niños con discapacidad motora nos encontramos con escales, con rampas… y ni hablar de lo administrativo… porque cierta parte de la escuela se desliga del trabajo que tenemos que hacer y es un trabajo que tiene que estar acompañado, guiado y supervisado… nosotras somos como mediadoras y aportamos un poco de conocimiento para que el niño aprenda de cierta manera pero en la escuela todos deben ser parte de la inclusión del niño”.